| Resumo: |
Es algo frecuente que los partidos políticos,
considerados aquí en su personalidad jurídica,
estén involucrados en hechos de corrupción. Sin
embargo, como no son ni órgano de control, ni
órgano de poder, terminan siendo ignorados por el
ordenamiento jurídico en el momento de la imposición
de mecanismos de control y de sanciones. Este trabajo
aborda la cuestión de este "vacío" jurídico sobre
las organizaciones partidistas, enfocando en una
propuesta justamente para rellenar esa laguna. Se ha
objetivado, por medio de una revisión bibliográfica,
en exponer distintas iniciativas en otros países que
alcanzan específicamente a la persona jurídica de
los partidos, disminuyendo los incentivos de su
utilización para la práctica de malversación de recursos, legitimación de capitales y otros delitos,
construyendo una propuesta propia que se podría
aplicar en diversos sistemas. Al final se concluye que,
aunque sea un ente privado, los partidos no pueden no rendir cuentas a la sociedad, y que medidas anticorrupción de esta naturaleza pueden robustecer la lucha contra la corrupción.
|